Según la versión de varias de las autoridades y organismos defensores de derechos humanos, parte de lo que pasó esta semana en Mistrató, en el departamento de Risaralda, “fue un montaje, una farsa” que generó un fuerte llamado de atención a la comunidad indígena, aunque sí hubo incursión armada.
Autoridades civiles y organismos defensores de derechos humanos llegaron al territorio ancestral con muchas expectativas, pero la supuesta retención de dos integrantes del grupo armado ilegal Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), al parecer resultó ser un hecho exagerado.
El hecho había sido notificado por representantes del Resguardo Indígena Unificado del Río San Juan, que además aseguraron que al territorio habrían ingresado cerca de 300 hombres armados, lo cual tampoco pudo ser corroborado.
La información, que inicialmente generó una amplia movilización institucional, dio pie a una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad en la noche del jueves, el cual concluyó hacia las 9:15 p.m en presencia de autoridades locales, departamentales y organismos de control.
¿Y los retenidos?
En este espacio se evaluaron los procedimientos realizados y se evidenciaron inconsistencias en los datos entregados por la comunidad indígena. Durante la sesión, se estableció que la presunta entrega de dos personas señaladas como miembros activos del EGC había sido comunicada por los líderes indígenas mediante un escrito dirigido a las autoridades.
Sin embargo, al arribar al territorio, las instituciones encontraron que no existían personas retenidas, ni se presentaban condiciones objetivas que confirmaran la incursión masiva del grupo armado, como inicialmente se denunció.
Supuestamente, los indígenas habrían asegurado que minutos antes de la llegada de las autoridades, también llegaron tres personas fuertemente armadas y se habrían llevados a los supuestos retenidos.
Gran movilización
El operativo, que respondió a una alerta considerada de alto riesgo, movilizó a más de 200 soldados profesionales, unidades de Policía Judicial, personal de la Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
Se utilizaron más de 22 vehículos para acceder a la zona, dado su difícil geografía, y se desplegó un componente logístico de gran magnitud que finalmente no tuvo resultados concretos.
De manera particular, la información recibida por los organismos de seguridad apuntaba a que aproximadamente 300 integrantes del Clan del Golfo habrían incursionado en el resguardo, armados con fusiles y en formación ofensiva.
Esta afirmación, que generó preocupación y alarma, fue desmentida luego de que ninguna de las verificaciones arrojó evidencia sobre la presencia de hombres armados.
Hubo acuerdos
Durante la sesión del Consejo, tanto la Fiscalía como la Procuraduría expresaron su preocupación, cuyas autoridades, se habrían comprometido a adelantar un proceso interno de investigación para esclarecer lo ocurrido y brindar un informe oficial que permita evaluar responsabilidades.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso con la protección de los derechos de la población indígena, pero enfatizó la necesidad de actuar con responsabilidad frente al uso de canales institucionales y la emisión de alertas.
“Las denuncias inexactas ponen en riesgo la capacidad de respuesta de las instituciones y generan escenarios que pueden escalar en crisis humanitarias o represalias innecesarias”, según dijo un funcionario durante la reunión.
Durante la reunión, se acordó solicitar a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que se agilice la expedición de la resolución correspondiente al cierre de medidas colectivas de protección, adoptadas desde el 7 de abril a favor del Resguardo Indígena de Mistrató.
Del mismo modo, se radicó una solicitud ante la Alcaldía municipal para convocar el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, en el marco de la Ley 1448 de 2011.
Otra de las preocupaciones expuestas durante la misión fue la falta de educación formal para los niños y niñas de la comunidad. Asimismo, se presentó un requerimiento formal a la Secretaría de Educación Departamental para revisar esta situación y garantizar el acceso a la educación.
¿Había EGC o no?
Este viernes, fuentes de inteligencia consultadas por 360 Noticias confirmaron que sí se habría producido una incursión reciente del EGC en zona rural de Mistrató, aunque en número mucho menor al señalado inicialmente.
Se trataría de 45 hombres armados que pretendían asegurar corredores estratégicos para el tráfico de estupefacientes y la minería ilegal. Igualmente, se investiga la posible entrada de comisiones del ELN procedentes del Chocó, comandadas por alias de ‘Antoni’ o ‘Andrés’.
Según, la intención sería impedir el ingreso del Clan del Golfo a territorios considerados de influencia histórica del Frente Manuel Hernández ‘El Boche’.
Las autoridades aseguraron que continuarán con el monitoreo de la zona, pero insistieron en la necesidad de que las comunidades actúen con rigurosidad, transparencia y responsabilidad al elevar alertas o requerimientos institucionales.
