Pereira y el resto del departamento de Risaralda enfrentan una de las peores crisis en materia de salud en los últimos años. A las millonarias deudas acumuladas por parte de las EPS con la red pública hospitalaria, se suma ahora el profundo hueco financiero que mantiene la Nueva EPS con varias clínicas privadas.
Por el momento, preocupa la situación de la clínica San Rafael de Pereira, un centro de salud de alta complejidad cuya cartera vencida ya supera los 100.000 millones de pesos.
Autoridades y líderes del sector, califican la situación como ‘catastrófica’, debido a que se ha traducido en un deterioro progresivo del servicio, afectando de forma directa a miles de usuarios en municipios como Pereira, Dosquebradas, Belén de Umbría y Mistrató.
A medida que avanzan los días, también crecen las denuncias las largas filas, pero también el desabastecimiento de medicinas y con ello, la falta de atención digna.
A madrugar para esperar
Uno de los focos de la crisis se ubica en la avenida 30 de Agosto, las filas frente a dispensarios como Discolmed suelen extenderse por varias cuadras desde la madrugada.
“Tenemos reportes de personas que llegan a las 2 o 3 de la mañana con la esperanza de alcanzar uno de los pocos turnos disponibles. A las 8 a.m. simplemente les dicen que no hay cupo, y deben volver al día siguiente”, denunció el diputado Javier Ocampo.
Pero el problema no se limita a Pereira. En municipios como Belén y Mistrató, los usuarios deben desplazarse hasta localidades vecinas como Viterbo para poder reclamar sus fórmulas médicas.
Muchos de los afectados son adultos mayores y pacientes crónicos, deben incurrir en gastos de transporte y enfrentar condiciones climáticas adversas, sin garantía de que recibirán el medicamento prescrito.
“Es inaceptable que en pleno 2025 nuestros adultos mayores tengan que vivir esta pesadilla. El sistema no está colapsando, ya colapsó”, agregó el diputado Ocampo.
Hospitales públicos
Según información confirmada por la Secretaría de Salud departamental, las EPS que operan en Risaralda acumulan más de 328.000 millones de pesos en deudas con la red pública hospitalaria, comprometiendo la sostenibilidad financiera de centros de salud que, en muchos casos, apenas operan con recursos de caja mínima.
Esta deuda afecta el funcionamiento de hospitales como San Jorge, Santa Mónica y centros de primer nivel, obligándolos a reducir personal, suspender procedimientos no urgentes y restringir servicios a población vulnerable.
La presión crece
A la ya delicada situación se suma el peso de la Nueva EPS, una de las promotoras con más afiliados en el departamento, pero su deuda supera los $100.000 millones con la Clínica San Rafael, de las más reconocidas del eje cafetero.
“La Nueva EPS no sólo concentra la mayor cantidad de usuarios, también concentra la mayor deuda. No está cumpliendo con los pagos a tiempo y eso está desestabilizando todo el sistema privado”, advierte Leonardo Fabio Reales, personero de Pereira.
En palabras del funcionario, esta EPS es responsable directa de los colapsos logísticos que afectan a pacientes y trabajadores de la salud.
“Hace dos semanas, Discolmed concentró toda la atención del departamento en Pereira, colapsando la avenida 30 de Agosto. Eso es inhumano e ineficiente. Logramos que redistribuyeran los dispensarios, pero el problema de fondo persiste”, explicó Reales.
Bomba de tiempo
Más allá de Risaralda, la situación parece ser reflejo de un problema estructural a nivel nacional. De acuerdo con cifras internas de la Nueva EPS, cada mes el sistema presenta un déficit mensual de $700.000 millones de pesos, un faltante que impide cumplir con las obligaciones hacia las IPS y prestadores de servicios de salud.
“Esto no es sostenible. Es una bomba que puede estallar en cualquier momento. Estamos a tiempo de intervenir, pero se necesita voluntad política y gestión seria”, enfatizó Reales.
¿Y las autoridades?
Tanto el diputado Ocampo como la Personería han solicitado la presencia urgente del Ministerio de Salud y de la Superintendencia Nacional de Salud en el departamento.
A pesar de haber citado en múltiples ocasiones a representantes de EPS, en la mayoría de los casos no han asistido a los llamados de control político ni rendición de cuentas.
“Ya no se trata solo de recursos o cifras. Esto está costando vidas, calidad de vida y la dignidad de miles de risaraldenses”, concluyó Ocampo.
