El proyecto, al parecer, está marcado por retrasos, prórrogas y problemas estructurales que hoy generan “insatisfacción en la comunidad”, especialmente en el sector campesino que depende de esta vía para el transporte de productos y personas.
Un seguimiento a la ejecución del contrato 1450 de 2019 señala que el documento se firmó el 6 de septiembre de ese año, fue adjudicado al Consorcio Vías Risaralda con un valor inicial de $4.541.598.455, pero posteriormente se le adicionaron $815.000.000, elevando el costo total a $5.356.598.455.
El plazo inicial de ejecución era de 5 meses, pero debido a diversos factores, se concedieron tres prórrogas adicionales que extendieron el proyecto hasta completar 12 meses en total. A pesar de ello, para septiembre de 2022 las obras aún no habían finalizado.
En una sesión del Concejo de Pueblo Rico, realizada en agosto de 2022, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) notificó una nueva adición presupuestal al contratista y a la interventoría (Consultoría Bogotana SAS), aunque hasta la fecha no se conocen detalles específicos sobre el monto ni el alcance de esa adición.
Según Johany Herrera, el exconcejal de Pueblo Rico, el contrato contemplaba inicialmente el mejoramiento de los primeros 5 kilómetros de la vía, pero en realidad sólo se ejecutaron entre 3.5 y 3.6 kilómetros.
El problema más grave radica en la calidad de la capa de rodadura aplicada, la cual no soportó el tráfico pesado que transita diariamente por la zona.
“Desde el Concejo de Pueblo Rico citamos en varias ocasiones al contratista porque siempre nos pareció que una capa de rodadura de 5 centímetros era demasiado superficial, considerando la cantidad de transporte pesado que circula por la vía. Allí transitan chivas, buses, camionetas cargadas de panela y café. Siempre advertimos que ese espesor era insuficiente, pero no se tomaron correctivos porque decían que no habría problemas y hoy el tiempo nos dio la razón”, enfatizó Herrera.
El deterioro prematuro del tramo ha generado molestia en la comunidad, que considera que el dinero invertido en ese sector se perdió. Ante esta situación, Herrera le solicitó a la Gobernación de Risaralda que convoque una comisión de expertos para inspeccionar el estado actual de los 3.6 km intervenidos y evaluar la posibilidad de hacer efectivas las pólizas de garantía.
“Esa plática se perdió”, lamentó el exconcejal. “El municipio y el sector campesino están indignados porque lo que se hizo en ese tramo no cumplió con las condiciones técnicas adecuadas. Se requiere una revisión urgente para que se exijan responsabilidades y se garantice un trabajo de calidad”, comentó.
A pesar de los problemas en el tramo inicial, Herrera destacó que el segundo tramo intervenido, de cerca de 3 km, sí fue ejecutado con estándares adecuados y se encuentra en buen estado.
“Hay que reconocer que ese nuevo sector quedó muy bien, con un mejoramiento vial que ha permitido una movilidad más segura. Sin embargo, el problema radica en los primeros kilómetros, donde el deterioro es evidente y la comunidad ha manifestado su inconformidad”, explicó.
El exconcejal recordó que el anterior gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, había prometido continuar con la pavimentación de la vía en dirección de Villa Claret hacia la zona urbana, pero ese compromiso no se cumplió.
“Se había planteado que la pavimentación continuara desde Villa Claret hacia el casco urbano de Pueblo Rico, pero en lugar de eso, se priorizó otro tramo vial de 4 kilómetros, de los cuales se ejecutaron cerca de 3 km con un mejoramiento que, afortunadamente, quedó en buen estado”, comentó.
Herrera hace un llamado a la actual administración departamental para que retomen el proyecto, pues el entonces gobernador, Sigifredo Salazar, dejó los estudios y diseños listos en fase tres para mejorar los primeros 16 km de la vía.
“La infraestructura vial es clave para el desarrollo de Pueblo Rico. Esperamos que el actual gobierno departamental continúe con este proyecto y garantice que los recursos públicos se inviertan de manera eficiente”, concluyó.
Los habitantes de Pueblo Rico, y en particular los campesinos de Villa Claret, siguen a la espera de respuestas concretas por parte de la Gobernación de Risaralda y de las entidades de control.
El llamado de la comunidad es claro: se necesita una vía que realmente cumpla con los estándares técnicos adecuados y que permita un tránsito seguro y eficiente, sin los problemas estructurales que hoy afectan a los primeros kilómetros intervenidos.
Por ahora, la revisión técnica que propone el exconcejal podría ser clave para determinar si el contratista debe responder por las fallas en la obra y si se activarán las pólizas de garantía para corregir el problema. Entretanto, la comunidad sigue exigiendo una solución que garantice el desarrollo de la región y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
