La medida regirá durante todo 2025 y exceptúa a autoridades y organismos de seguridad.
Por orden del Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Octava Brigada del Ejército Nacional, quedó suspendido el porte de armas de fuego en los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío y los municipios de Alcalá y Ulloa, en el Valle del Cauca.
La medida tendrá vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 y responde a la facultad de las autoridades militares para controlar la tenencia de armamento en el país.
La decisión, enmarcada en el artículo 32 del Decreto 2535 de 1993 y el artículo 10 de la Ley 1119 de 2006, se sustenta en el monopolio estatal sobre el uso de armas de fuego, tal como lo establece el artículo 223 de la Constitución Política.
De acuerdo con la resolución, la suspensión aplicará para personas naturales y jurídicas, con excepción de miembros de la Fuerza Pública, congresistas, magistrados, jueces, fiscales, gobernadores, alcaldes y altos funcionarios del Estado.
También están exentos veteranos de la Fuerza Pública, soldados pensionados, oficiales de reserva y escoltas de seguridad privada debidamente acreditado.
Asimismo, las entidades estatales con funciones de seguridad y control, como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, el INPEC, Migración Colombia y la Unidad Nacional de Protección, podrán mantener su armamento dentro del marco legal vigente.
Las autoridades militares y la Policía Nacional serán las encargadas de vigilar el cumplimiento de la medida y aplicar sanciones a quienes sean sorprendidos portando armas sin autorización.
En caso de incumplimiento, se procederá al decomiso inmediato del arma, conforme a lo estipulado en el Decreto 2535 de 1993.
Lo único que logran es desarmar a la población sana, dejando a los ladrones armados que hagan de las suyas.