Alberto Peláez Henao habría adjudicado un contrato a un oferente que no cumplía con los requisitos mínimos, vulnerando los principios de transparencia y responsabilidad en la contratación pública.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Alberto Peláez Henao, alcalde de Marsella, Risaralda, para el periodo 2024-2027, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato relacionado con la conmemoración del Día del Campesino. La decisión se tomó luego de que el ente de control encontrara evidencias de que el mandatario habría aprobado una oferta que no cumplía con los requisitos de experiencia establecidos en los términos de referencia del proceso de selección.
Según la investigación adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira, el contrato tenía como objeto el suministro de bienes y servicios para la celebración del Día del Campesino, evento tradicional en el municipio. Las condiciones del proceso exigían a los oferentes acreditar al menos dos certificaciones de contratos anteriores con montos superiores al presupuesto oficial, como prueba de su idoneidad para ejecutar el proyecto. Sin embargo, la oferente seleccionada solo presentó una certificación válida, quedando incompleta la acreditación requerida.
A pesar de esta irregularidad, y de las observaciones realizadas por el comité evaluador del proceso, Peláez Henao habría decidido continuar con la adjudicación del contrato, desconociendo las recomendaciones técnicas y los principios de moralidad, transparencia y responsabilidad que rigen la contratación pública. La Procuraduría señaló que, incluso tras otorgar plazos para subsanar los documentos faltantes mediante adendas, la oferente no corrigió la deficiencia, pero aun así recibió la contratación.
El ente de control calificó la presunta falta como gravísima, cometida a título de culpa gravísima, debido a que el alcalde, en su calidad de ordenador del gasto, tenía la obligación de garantizar la correcta ejecución de los recursos públicos y velar por la legalidad del proceso contractual.
Este caso ha generado preocupación en la comunidad de Marsella, donde líderes sociales y ciudadanos han manifestado su inquietud frente al manejo de los recursos municipales y la posibilidad de que las decisiones administrativas afecten el desarrollo de programas y eventos importantes para la población rural.
Mientras avanza el proceso disciplinario, la Procuraduría continuará recopilando pruebas y escuchando testimonios para determinar si se imponen sanciones o inhabilidades contra el alcalde Peláez Henao, en un caso que podría marcar un precedente en la vigilancia de la contratación pública en los municipios de Risaralda.
