La falta de infraestructura vial sigue siendo un problema crítico para las comunidades indígenas de Risaralda. A pesar de que en 2023 la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) adjudicó contratos por más de 10.000 millones de pesos para la construcción de 14 puentes sobre el río San Juan, hasta el momento ninguna obra ha iniciado.
La representante a la Cámara, Carolina Giraldo, reveló posibles irregularidades en la ejecución de recursos destinados a la reconstrucción de infraestructura tras una calamidad pública. En octubre de 2023, el entonces director de la UNGRD, Olmedo López, visitó las comunidades indígenas de Risaralda y anunció la construcción de 12 puentes en Mistrató y dos en Pueblo Rico.
La noticia generó expectativa entre los habitantes, quienes vieron en este proyecto una solución a los problemas de movilidad y acceso a servicios básicos. Sin embargo, en enero de 2024, la UNGRD informó oficialmente que desde 2020 no se habían adjudicado contratos de obra en Risaralda, lo que despertó dudas sobre la veracidad de los anuncios realizados meses antes.
Ante la incertidumbre, la representante Carolina Giraldo inició una investigación sobre el destino de estos contratos. Según sus hallazgos, publicados recientemente, en noviembre y diciembre de 2023 se firmaron dos contratos para la construcción de estos puentes.
No obstante, los documentos no estaban disponibles en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), por lo que tuvo que recurrir a mecanismos legales como derechos de petición y acciones de tutela para obtener la información.
A pesar de la firma de los contratos y de las prórrogas otorgadas, hasta el momento no hay evidencia de que las obras hayan comenzado. La situación es crítica, ya que las comunidades afectadas están a puertas de una nueva temporada invernal sin infraestructura para cruzar el río San Juan.
“Es inaceptable que las comunidades sigan expuestas a riesgos mientras los recursos públicos, que deberían estar destinados a mejorar su calidad de vida, permanecen en el limbo”, manifestó Giraldo.
La problemática se agrava porque los contratos fueron adjudicados de
manera directa, argumentando la urgencia de la situación tras la calamidad pública declarada en 2022. “Se suponía que la declaratoria de calamidad permitiría una respuesta rápida, pero lo que hemos visto es negligencia y posible corrupción. Los contratos han sido prorrogados y están a punto de vencerse, pero no hay una sola obra en ejecución”, señaló la congresista.
La denuncia ha puesto en el foco de atención la transparencia en la adjudicación y ejecución de estos contratos. Giraldo ha solicitado a los organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría, que investiguen el destino de los recursos.
“Necesitamos respuestas claras sobre por qué estos contratos no han avanzado. Si hubo negligencia o corrupción, los responsables deben rendir cuentas”, afirmó la congresista. Además, advirtió sobre el impacto social de este incumplimiento: “Los habitantes de estas comunidades, incluidos niños y adultos mayores, siguen arriesgando su vida cruzando ríos en condiciones precarias. Esto es inaceptable”.
El caso de los puentes fantasmas en Risaralda es sólo un ejemplo más de los problemas en la gestión de los recursos destinados a la atención de desastres. En el pasado, otras regiones del país han enfrentado situaciones similares, donde la falta de ejecución de obras comprometidas ha dejado a comunidades vulnerables en una situación crítica.
Las denuncias de la representante Giraldo refuerzan la necesidad de un mayor control sobre el uso de estos fondos y de mecanismos más efectivos para garantizar que los proyectos se cumplan en los tiempos establecidos.
Mientras tanto, las comunidades indígenas de Risaralda continúan esperando soluciones reales y no promesas incumplidas. La incertidumbre sigue latente y, con la llegada de una nueva ola invernal, el riesgo de nuevas tragedias aumenta.
“Mi compromiso es con la transparencia y con la población de Risaralda. No podemos permitir que estos recursos se esfumen sin que haya consecuencias”, concluyó Giraldo.
