Las recientes confrontaciones entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en el departamento de Risaralda han generado inquietud en la población. A esto se suman denuncias sobre la posible presencia de hombres armados en territorios indígenas en Pueblo Rico.
Supuestamente, hombres con armas llegaron a territorios ancestrales y preguntaron, supuestamente, por desmovilizados de la guerrilla.
Como resultado, varios pueblos indígenas optaron por el confinamiento, alentados también por el anuncio de un nuevo paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento del Chocó.
El secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, aseguró que no hay presencia permanente de estructuras ilegales en el departamento, aunque reconoció que este es un corredor estratégico hacia el Chocó.
“No hay indicios de que existan campamentos o asentamientos fijos de grupos armados en la región. Sin embargo, estamos monitoreando cualquier movimiento irregular para garantizar la seguridad de la población”, afirmó.
Las comunidades indígenas, por su parte, manifestaron su preocupación ante la posible intención de estos grupos de forzar a los desmovilizados a reincorporarse a la lucha armada.
“Estas son denuncias que estamos tratando de verificar, porque hasta el momento son rumores, debido a que no hay denuncias formales”, agregó el coronel Miguel Ángel Herrera Villamil, comandante encargado de la Policía de Risaralda.
Las autoridades han solicitado a la comunidad que denuncie cualquier hecho sospechoso. “Estamos trabajando con la Gobernación y las fuerzas de seguridad para verificar estas versiones y definir qué acciones tomar”, agregó el uniformado.
Herrera Villamil, señaló que se ha identificado un incremento en la llegada de personas foráneas a la región, especialmente en zonas de explotación minera como Puerto de Oro, en el municipio de Mistrató, justo en el mismo territorio donde hace una semana, el ejército sostuvo un combate con presuntos integrantes del Clan del Golfo.
“Hemos realizado censos y monitoreos para determinar si hay intereses ilegales en la minería, ya que no podemos permitir que esta actividad se convierta en una fuente de financiación para estructuras criminales”, explicó.
Pese a las denuncias y el contexto de inseguridad que atraviesa el país, las autoridades insisten en que no hay combates activos en Risaralda y que se están tomando medidas preventivas.
“Entendemos la preocupación de la ciudadanía, pero queremos enviar un mensaje de tranquilidad. Estamos atentos y cualquier situación y será abordada con celeridad”, concluyó el secretario de Gobierno.
