El Consejo Nacional Electoral, CNE, ha abierto una investigación formal contra la campaña presidencial de Gustavo Petro por posibles irregularidades en la financiación de su campaña en 2022.
Según el CNE, la campaña habría recibido donaciones no reportadas y superado los límites de gasto permitidos para la primera vuelta, lo que ha llevado a formular cargos contra Petro y otros implicados, incluido Ricardo Roa, exgerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol.
Tras conocer esta decisión, el presidente Petro reaccionó de manera contundente, calificando la investigación como el inicio de un “golpe de Estado”.
A través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), Petro afirmó que esta medida es parte de un ataque político para deslegitimar su mandato, lo cual ha sido interpretado por algunos como una estrategia para victimizarse ante la opinión pública.
La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, también defendió al primer mandatario de los colombianos, argumentando que la investigación podría poner en riesgo la división de poderes y la estabilidad democrática.
Sin embargo, desde la oposición, figuras como el concejal Daniel Briceño y la senadora María Fernanda Cabal han rechazado la acusación de “golpe de Estado”.
Por un lado, Cabal afirmó que la investigación del CNE es parte del debido proceso dentro del Estado de derecho y no una conspiración política.
Otros líderes, como el expresidente Andrés Pastrana, han pedido que Petro y su vicepresidenta, Francia Márquez, expliquen de manera clara la financiación de su campaña.
Este proceso, que podría culminar con sanciones económicas o incluso la destitución del presidente si se comprueba la violación de los topes de campaña, abre un nuevo capítulo de tensión política en Colombia.
Información tomada de: Diario El País y Semana
