En un comunicado, la Procuraduría asegura que esta situación genera afectaciones a los derechos fundamentales de los privados de la libertad, debido a que las condiciones de hacinamiento en las diversas penitenciarias del país son altas.
“Los reiterados retrasos en la construcción de la penitenciaria de Pereira, desde el inicio del proyecto, ponen en riesgo el patrimonio de la Nación y afecta los derechos de las personas privadas de la libertad”, advirtió la Procuraduría Segunda para la Vigilancia de la Función Pública.
Asimismo, en seguimiento hecho al proyecto, el organismo constató que la suspensión de las obras, las prórrogas y modificaciones a los contratos arrojan consecuencias en el cumplimiento de los cronogramas dejando en entredicho que se pueda formalizar la entrega de la cárcel, cuya fecha de culminación estaba prevista para el próximo 26 de septiembre.
Los trabajos del centro carcelario, pactados desde el 2018, a corte del mes de junio, según la interventoría, apenas alcanzan el 66,85 porciento de ejecución.
Según la Procuraduría, el interventor del proyecto hizo una nueva proyección de prórroga para finalizar la ejecución del contrato el 28 de febrero de 2025.
Ante los hechos, el Ministerio Público evidencia una posible vulneración al principio de planeación ya que los costos proyectados para la construcción del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) Pereira- Pílamo- Fase I requieren un presupuesto mayor al destinado inicialmente.
En el contrato de obra, según el organismo de control, el presupuesto que se aprobó fue de 132 mil millones de pesos.
La situación obligó a emitir llamados de atención a ENTerritorio y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC- para que actúen y articulen medidas que permitan la culminación de las obras y eviten sobrecostos que pongan en vilo el patrimonio público.
Comunicado de Prensa
