El ingreso de Maya a la cárcel de La 40, al parecer, depende de que la administración municipal firme un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para la atención del exmandatario, que incluye alimento y custodia, debido a que apenas es un indiciado.
Fabio Espinoza, presidente del sindicato del INPEC en Risaralda, explicó que la normativa establece que los condenados son responsabilidad de la institución penitenciaria, mientras que los indiciados deben ser gestionados por la autoridad local; es decir, por los alcaldes.
También mencionó que en años anteriores se firmó un único convenio y que fue terminado por desacuerdos. Actualmente, el INPEC espera la llegada de un nuevo director para retomar las negociaciones y establecer una negociación similar a la lograda con Dosquebradas.
“El alcalde debe garantizar un centro de recepción adecuado para los indiciados, ya que no posee una cárcel propia, pero podría utilizar estaciones de policía o las Unidades Permanentes de Justicia (UPJ)”, afirmó Espinoza.
Espinoza explicó que la negativa del INPEC para recibir a indiciados no es caprichosa, sino una medida basada en la normativa y en la protección de sus trabajadores.
“El condenado ya está sentenciado y sólo espera cumplir su condena. El indiciado, por otro lado, requiere constantes traslados a juzgados y hospitales, lo que aumenta la carga de trabajo y los riesgos de seguridad para nuestro personal”, explicó.
El INPEC en Risaralda también está a la espera de las directrices desde Bogotá, considerando la relevancia nacional del caso de Carlos Maya. “Esperamos que desde la dirección nacional comprendan nuestra posición y regulen este tema conforme a la normativa”, concluyó Espinoza.
