El alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez, mostró su preocupación por la demora en la entrega de los recursos económicos asignados para hacer frente a la crisis de damnificados por la tragedia del barrio La Esneda, desde hace dos años.
Sobre el destino de los 18.500 millones de pesos aprobados para reubicar a la 154 familias, señaló que ha sido un proceso marcado por la lentitud del Gobierno de Iván Duque, un factor que a su juicio es determinante en la falta de avances en la ejecución de proyectos habitacionales de Los afectados.
Jiménez agregó que las emergencias recientes, ocasionadas por las lluvias, hoy dibujan un panorama grave para el municipio industrial, debido a que este es uno de los más afectados por las inundaciones y deslizamientos provocados tras las fuertes precipitaciones de las últimas semanas.
El mandatario subrayó la crítica situación que hoy viven los damnificados de La Esneda, debido al aumento en el número de personas que hoy necesitan ser reubicadas y un nuevo lugar donde vivir.
En este sentido, hizo hincapié en la vulnerabilidad de las viviendas ubicadas en las riberas del río Otún, donde el riesgo de nuevas inundaciones persiste.
“Lo más preocupante es que los dueños de las viviendas llevan más de 50 años en ese sector y no quieren salir a vivir a un apartamento de 50 ó 40 metros cuadrados”, comentó.
Los habitantes del barrio La Esneda, a los que evacuaron de sus viviendas, esta semana hicieron una nueva propuesta y es la de contar con un experto que evalúe el valor de cada una de las casas, y a partir de allí solicitar los recursos para que ellos puedan comprar en otro sitio.
“La mayoría de esas viviendas son viviendas muy grandes donde aparecen dos y tres inquilinos. La mayoría viven de los arriendos que tienen en esas casas, entonces para ningún apartamento que los llevemos, se van a sentir cómodos”, agregó.
Jiménez también abordó el tema de los desalojados del Bohío, al señalar que su administración ha hecho esfuerzos para brindarles apoyo y garantizarles condiciones de vida dignas. Sin embargo, señaló que algunas familias no han querido aceptar la ayuda del gobierno local, lo que ha complicado su reubicación en lugares seguros.
En este contexto, el alcalde hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para que intervenga en la búsqueda de soluciones conciliatorias que permitan resolver la situación de las familias desalojadas de manera satisfactoria.
