El defensor de derechos humanos e integrante de la mesa de víctimas señaló que hoy no se puede contabilizar la cantidad de personas que sufren de desplazamiento urbano entre algunos municipios del departamento, especialmente entre Pereira y Dosquebradas, por causa de la violencia que ejercen las bandas criminales.
En el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, entregó detalles de las amenazas que enfrenta la ciudadanía en la actualidad. Al tiempo, que señaló que el país vive en medio de un conflicto que se ha agravado en el último año por causa del narcotráfico.
“Hay mucha gente que está llegando procedente de otros municipios y de otros departamentos por el conflicto armado que hay en los barrios, pero acá mismo en Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Santa Rosa de Cabal y Belén de Umbría también tenemos personas que sufren al tener que abandonar sus hogares por el tráfico local de estupefacientes”, dijo.
Para el defensor de derechos humanos, una situación que genera preocupación es que las bandas delincuenciales cambiaron la estrategia para intimidar a la ciudadanía y es que, según él, ya los integrantes de las organizaciones envían a “sus soldados a hablar directamente con las personas”.
D’janon Zapata recordó que hace apenas algunos días, funcionarios de la alcaldía de Dosquebradas fueron abordados por encapuchados, en un sector que estaban interviniendo para recuperar y embellecer. Un episodio que fue revelado por el mismo alcalde Roberto Jiménez.
Contó que en Risaralda hay al menos 130.000 víctimas del conflicto armado, pero que el auge de la comercialización de estupefacientes está generando nuevas víctimas en las zonas urbanas. “Es el fenómeno de desplazamiento interurbano y que ahora significa una mayor amenaza para líderes comunales o dirigentes de carácter social”, dijo.
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