La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) nuevamente es evaluada de cerca por la Procuraduría General de la Nación. En esta ocasión, por un contrato de interventoría en el proyecto de construcción de la cárcel del Pílamo sin que haya iniciado la obra.
A pesar de que la adjudicación del proyecto de construcción de la Fase II del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) en Pereira, se realizó el 28 de diciembre de 2023, la firma del contrato aún no ha tenido lugar, lo que ha generado preocupación en el Ministerio Público, dice un comunicado de prensa.
La inversión para la ampliación del penal supera los 200 mil millones de pesos, y la demora en la suscripción del contrato despierta inquietudes ante la posibilidad de caer en riesgos financieros y administrativos.
Aunque la interventoría ya fue contratada, la ausencia de un acuerdo formal para iniciar la obra plantea preocupaciones sobre posibles sobrecostos y retrasos en el cronograma.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública señaló que esta situación podría comprometer el patrimonio público y trasladó el caso al operador disciplinario para determinar posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados.
Según, la entidad no cumplió con los plazos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones, lo que sugiere una falta de planeación en la ejecución del contrato.
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