En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación anunció una sanción contundente de 10 meses de suspensión e inhabilidad especial al exsenador Julián Bedoya Pulgarín (2018 – 2022).
La decisión se basa en las irregularidades cometidas por Bedoya al utilizar su posición parlamentaria entre el 11 de octubre de 2018 y el 1ro de marzo de 2019 para obtener de manera expedita su título de abogado.
El organismo de control confirmó que Bedoya logró ventajas ante la Universidad de Medellín, beneficiándose de un trato preferencial que culminó en la obtención irregular de su grado académico.
Además, se demostró la manipulación de reglamentos universitarios para favorecer al entonces parlamentario en los procesos formativos y el posterior reintegro que le permitió obtener el título profesional.
La Procuraduría también evidenció la alteración de documentos, la presentación de exámenes en un mismo día, y la aprobación de asignaturas sin estar debidamente registrado como estudiante para el periodo correspondiente. Estas acciones llevaron a la entidad a calificar la falta cometida por Bedoya como grave y a título de dolo.
La sanción, que incluye 10 meses de suspensión e inhabilidad especial, será convertida a salarios de acuerdo con los ingresos percibidos por el exsenador en el momento de la comisión de la irregularidad.
La Procuraduría destacó que esta decisión busca salvaguardar el principio de moralidad en la función administrativa y subraya el quebrantamiento del deber funcional por parte del exsenador.
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