El parlamento venezolano anunció este martes 9 de enero que, a partir del viernes 12 de este mes, será puesto en marcha el proceso de consulta pública para evaluar el proyecto de ley destinado a supervisar la actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
La iniciativa, aprobada en su primera discusión en enero de 2023, se someterá a elección del público a partir de este viernes, según lo anunció Jorge Rodríguez, presidente del legislativo. Sin embargo, entre la ciudadanía aseguran que quienes participan en la consulta son sólo los seguidores del oficialismo.
Al concluir la primera sesión parlamentaria de 2024, Rodríguez también destacó la obligación de la Asamblea Nacional de involucrar al pueblo venezolano y a las organizaciones que estén relacionadas en el análisis de esta ley junto a los elementos esenciales con el objetivo de propiciar una segunda provechosa discusión.
El proyecto inicial, que busca fiscalizar a las ONG, contempla sanciones económicas de hasta 12.000 dólares para aquellas agrupaciones que no se registren en la entidad de control propuesta o no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas.
La propuesta ha sido objeto de críticas por parte de diversas ONG, que argumentan que esta implementación busca “criminalizar y restringir cualquier iniciativa que acepte recursos de la cooperación internacional para actuar sobre la libertad de asociación, protegida por el derecho internacional”.
Tras una visita oficial a Venezuela a finales de enero 2023, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, en su declaración final, solicitó previamente al gobierno venezolano emprender un “amplio proceso consultivo” sobre este Proyecto de Ley del Financiamiento y Funcionamiento de las Organizaciones no Gubernamentales.
GRAVE RECHAZO
En un comunicado publicado por la ONG Provea desde su página web, se denunció que la ley constituye “una vulgar mordaza” dirigida a organizaciones que señalen irregularidades o abusos de representantes u organismos estatales. Además, afirmaron que el proyecto de ley propone un ”marco intimidatorio” que sujeta a las organizaciones civiles a las decisiones de un gobierno cuestionado a nivel internacional.
Las ONG destacaron el papel humanitario de muchas organizaciones venezolanas, subrayando su labor en áreas desatendidas por las autoridades, a pesar de ser esta su principal labor. También sostienen que el régimen chavista, en lugar de crear mecanismos intimidatorios y que promueven a la violencia, debería fomentar la solidaridad social y el trabajo conjunto por el bienestar de la sociedad venezolana.
El proyecto de ley, actualmente en espera de un segundo debate, ha provocado comparaciones con la situación en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega ha ilegalizado cientos de organizaciones civiles en todo el país.
En el artículo 15 del proyecto de ley se establece lo siguiente:
“Las organizaciones no gubernamentales tendrán prohibido en todo el territorio nacional:
- Recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos.
- Realizar actividades políticas.
- Promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República.
- Cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana”.
