La Fiscalía Militar y Policial emitió un comunicado este martes en el que informó a la opinión pública el resultado de la investigación relacionada con la muerte de los chimpancés Pancho y Chita, ocurrida el pasado 23 de julio de 2023 en Pereira. Un juez ordenó archivar el caso sobre las presuntas responsabilidades de los funcionarios de la fuerza pública.
La historia ha generado controversia y críticas, ya que los animales fueron abatidos por la fuerza pública, desencadenando una serie de eventos que han llevado a una conclusión que muchos consideran discutible.
La Fiscalía abrió una noticia criminal por presuntos delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales, haciendo referencia al artículo 339ª de la ley 599 de 2000.
EL DOCUMENTO
Aunque se reconoce que hubo maltrato animal, se sostiene que este no puede atribuirse objetivamente a los agentes responsables, quienes, según el comunicado, actuaron dentro de los parámetros del riesgo permitido por los protocolos que regulan eventos como el escape de animales peligrosos.
Se destaca que se actuó de acuerdo a la guía de procedimiento para el control de escapes de animales en el Bioparque Ukumarí y el manual para el cuidado de chimpancés, respaldado por la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) en colaboración con el Comité de Bienestar Animal de la misma organización.
Estas normativas, según la Fiscalía Militar y Policial, no sólo permiten disparar a los chimpancés en casos de inminente riesgo para la vida de las personas durante la fuga, sino que también obligan a los miembros de la fuerza pública a proteger a los seres humanos en situaciones de escape de animales peligrosos.
LO QUE SE PREGUNTA LA CIUDADANÍA
Sin embargo, la justificación de la Fiscalía levanta interrogantes. ¿Hasta qué punto es ético considerar la muerte de animales como un “riesgo permitido”? ¿Los protocolos existentes están lo suficientemente actualizados y son adecuados para garantizar la seguridad de los animales y las personas por igual? Sin embargo, estás son consideraciones que el comunicado no aborda de manera satisfactoria.
Asimismo, se argumenta la atipicidad del hecho investigado, según lo establecido en la causal cuarta del artículo 475 de la ley 1407 de 2010, sosteniendo que los hechos no se adecuan como delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales. Esta interpretación legal genera más críticas, ya que algunos cuestionan si el marco legal existente es suficiente para abordar situaciones complejas y delicadas como ésta.
La Fiscalía solicitó una audiencia de preclusión de la investigación, la cual se llevó a cabo el 21 de noviembre de 2023. En esta audiencia pública participaron el Ministerio Público, el representante de las víctimas del Bioparque Ukumarí y la defensa. La solicitud de preclusión fue concedida, corroborando que no existe mérito para acusar a los agentes.
La rapidez con la que se tomó esta decisión alimenta la percepción de que el sistema legal puede estar favoreciendo a los agentes de la fuerza pública en lugar de buscar justicia integral.
QUÉ PASARÁ CON EL CUIDADOR
El comunicado no menciona ninguna medida contra el cuidador de los chimpancés, cuya investigación está en manos de la justicia ordinaria. Se centra en la apertura de la investigación, la atipicidad del hecho investigado, la solicitud de audiencia de preclusión y su posterior concesión.
La información proporcionada se enfoca en los protocolos y acciones de la fuerza pública, sin hacer referencia a medidas legales específicas contra el cuidador, aunque en este caso un juez ya ordenó medida no privativa de la Libertad en septiembre.
