Según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para 2023, se estima que alrededor de 73 mil personas residen en Risaralda con algún tipo de discapacidad. Durante los últimos tres años, lograron certificar apenas al 7.3% de esta población.
Sin embargo, el haber iniciado ya representa un importante avance en el acceso a servicios y apoyo para estas personas. Durante la sesión de la Asamblea de este jueves, la Secretaría de Salud del Departamento presentó un informe sobre el progreso de esta población.
El programa de certificación 2020-2023, es implementado por la administración departamental bajo un método de valoración precisa y la identificación de la cantidad de personas que se encuentran en condición de discapacidad en Risaralda.
A través de un comunicado de prensa de la Asamblea, el diputado Diego Naranjo valoró que se esté haciendo una “certificación y una identificación real de cuántas personas están en condición de discapacidad en Risaralda y que estén certificados para poder acceder a todos los servicios”.
En ese contexto, María Cristina Botero Mejía, referente de poblaciones vulnerables en la Secretaría de Salud de Risaralda, es optimista. “Me voy con una gran expectativa y confianza frente a lo que sigue, ya que la presentación que hicimos en la Asamblea fue con datos reales”, dijo.
Aseguró que la exposición fue suficiente para detallar cómo va el proceso, aunque a su juicio, lo más importante es que los diputados quedaron sensibilizados frente a la población con discapacidad sobre los planes, programas y proyectos que se deben hacer.
Durante la sesión, varios diputados destacaron la necesidad de asignar un presupuesto específico para la población con discapacidad en el próximo año.
La propuesta se someterá a debate en las comisiones de hacienda que se están desarrollando de cara a la aprobación del presupuesto para la vigencia 2024.
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