La Procuraduría General de la Nación sancionó a Gorky Muñoz Calderón. Este jueves, se ratificó la destitución e inhabilidad por nueve años y seis meses del funcionario, debido a presuntas irregularidades en la firma de diversos contratos destinados a abordar la crisis sanitaria provocada por el covid-19.
La decisión, emitida en segunda instancia, también impactó a otros funcionarios del municipio. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular confirmó las sanciones de destitución e inhabilidad de nueve años para Armando Cabrera Rivera, jefe de Gestión del Riesgo; así como para Giovanny Córdoba Rodríguez, secretario de Educación; y Camila Mercedes Ortega Suárez; secretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión de la ciudad.
La investigación realizada por el Ministerio Público arrojó luz sobre una serie de fallas en la contratación de servicios esenciales durante la pandemia. Uno de los contratos bajo escrutinio se refiere a una campaña de cultura ciudadana para prevenir el covid-19, en la que se detectaron errores en los valores especificados en el documento, derivados de inconsistencias en lfas unidades requeridas y contratadas.
Asimismo, se reveló la inclusión de elementos no pertinentes en otro contrato destinado a proporcionar alimentación a la población vulnerable durante los meses críticos. Estos elementos, que incluían suministros de bioseguridad como tapabocas y guantes, no estaban relacionados con el propósito original del contrato, lo que incrementó el costo total de los kits alimenticios.
La Procuraduría también halló irregularidades en una orden de servicios que involucraba una institución de interventoría. Esta entidad, a pesar de no cumplir con los requisitos necesarios, fue seleccionada para supervisar la entrega de raciones del Programa de Alimentación Escolar, lo que resultó en un monto de 5.250 millones de pesos.
El órgano de control destacó que el alcalde Gorky Muñoz Calderón no cumplió con los deberes inherentes a su cargo, al elegir contratistas que no ofrecían la mejor oferta y al no actuar de manera leal y honesta, a pesar de tener la capacidad para evitar tales errores.
Como resultado de estas conclusiones, la Procuraduría consideró a Gorky Muñoz Calderón responsable de tres cargos disciplinarios, dos de los cuales fueron calificados como faltas gravísimas con culpa gravísima, y el tercero como falta gravísima a título de culpa grave.
La decisión será remitida al Consejo de Estado en los próximos días para su revisión correspondiente. Este evento marca un precedente en la lucha contra la corrupción y la negligencia en el manejo de recursos públicos durante situaciones críticas como la pandemia del covid-19.
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