La lamentable noticia del asesinato de cuatro menores de edad conmocionó al país y deja en evidencia la fragilidad de la voluntad de grupos ilegales para construir una nación en paz. El atroz episodio confronta una realidad dolorosa y obliga a reflexionar sobre la urgencia de tomar medidas contundentes para acabar con la violencia que aún azota a ciertas regiones de Colombia. El presidente Gustavo Petro, hoy, anunció la reactivación de operaciones ofensivas.
Presuntamente, los autores de este vil asesinato serían del frente Carolina Ramírez, del Estado Mayor Central de las FARC. Hoy, en respuesta a la grave violación del Derecho Internacional Humanitario, el gobierno nacional tomó la decisión unilateral de suspender parcialmente los efectos del Decreto 2656 del 2022. La medida implica la suspensión del cese bilateral que existía con en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo.
Según un comunicado enviado por Presidencia, previo a esta decisión convocaron a delegados del EMC-FARC en el mecanismo de monitoreo, pero estos se excusaron de asistir. La negativa refleja una falta de compromiso por parte de esta organización, al respeto de los acuerdos y al “diálogo constructivo”.
El gobierno de Gustavo Petro instó al EMC-FARC a ratificar la participación de sus delegados en los mecanismos locales, donde aún se mantiene vigente el cese al fuego. Sin embargo, advierten que si este cese al fuego bilateral no es efectivo en determinados territorios para proteger la vida y la integridad de toda la población, “no tiene sentido persistir en su implementación”.
Asimismo, en el documento se deja clara la disposición del mandatario nacional para retomar los diálogos de paz; por esa razón, en las próximas horas se darán a conocer los nombres de los integrantes de la delegación del gobierno para la mesa de conversaciones. Uno de los temas que se propone abordar es el fortalecimiento del cese de hostilidades con enfoque territorial.
Otro iniciativa que explica el documento está fundamentada en comprender que la paz no sólo implica la ausencia de violencia, sino también la construcción de una sociedad justa, equitativa y sostenible. Sin embargo, falta preguntar qué piensan las comunidades que han sido históricamente negadas en sus derechos y donde la presencia del Estado es insuficiente. Sus voces no pueden ser ignoradas
Es evidente que la situación actual demanda acciones contundentes y efectivas para poner fin a la violencia y garantizar la seguridad de la población, aunque no se puede descartar las causas profundas que alimentan el conflicto, como la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades en ciertas regiones del país.
La paz verdadera no puede limitarse únicamente a la ausencia de combates. Sí, es cierto que requiere de un enfoque integral que promueva el desarrollo social, económico y político de todas las comunidades, especialmente aquellas que han sido históricamente marginadas, pero también el Gobierno colombiano debe asumir su responsabilidad de proteger y garantizar los derechos de todas las personas en el territorio nacional.
Lo que no deja dudas es que se debe fortalecer la presencia estatal en las zonas más afectadas por la violencia, brindar servicios básicos, fomentar el desarrollo económico y social, y promover la participación ciudadana en la toma de decisiones. Es hora de dejar atrás la retórica vacía y tomar acciones concretas para construir la paz que tanto anhelamos. El país no puede seguir siendo testigo de hechos tan atroces como el asesinato de menores de edad.
En las próximas horas, el gobierno de Gustavo Petro anunciará las nuevas medidas para seguir hablando de paz, pero en medio de la reactivación de las actividades ofensivas en contra de las disidencias de las FARC en cuatro departamentos del país, incluyendo Putumayo, donde ocurrió la tragedia.
