La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 013 de 2024, advirtiendo sobre el grave riesgo que enfrentan las comunidades de Argelia, Cauca, debido a la disputa armada entre las disidencias de las FARC y el ELN. Esta alerta se aplica a la cabecera municipal y a 10 corregimientos, incluyendo El Plateado, Santa Clara, Puerto Rico, y La Belleza, entre otros.
Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo, señaló que el documento se emitió debido a la grave situación de riesgo de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de los habitantes de Argelia, “por la disputa armada entre facciones disidentes de las FARC y el ELN y su intento de consolidación en la zona”.
La Alerta Temprana destaca que la presencia y acciones de estos grupos armados ilegales generan violaciones constantes a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Los frentes Carlos Patiño y Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC, junto con el ELN, buscan controlar los rendimientos ilegales del narcotráfico en la región.
Uno de los factores de mayor amenaza es la contaminación con minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, que restringen la movilidad y limitan las actividades cotidianas de los pobladores. Además, el reclutamiento forzado de menores por parte de estos grupos aumenta el riesgo para la población infantil y adolescente.
La Defensoría del Pueblo también advirtió sobre la coerción social, estigmatización y amenazas a líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, acusados de colaborar con alguno de los grupos armados ilegales. Estas acciones incluyen la impartición de justicia de facto y la regulación de la economía cocalera.
En los primeros meses de 2024, el ELN reactivó su presencia armada en los corregimientos Santa Clara y El Plateado, lo que añade un nuevo nivel de riesgo para la población civil. Este grupo busca retomar el control de zonas estratégicas y afianzar su articulación con la Segunda Marquetalia.
La Defensoría del Pueblo envió 23 recomendaciones al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales para que implementen con urgencia medidas de articulación interinstitucional que mitiguen los riesgos identificados. “Estas medidas son esenciales para proteger a la población civil y restaurar la seguridad en la región”, dice un documento.
Las 23 recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales para abordar la grave situación en Argelia, Cauca, son las siguientes:
- Fortalecimiento de la presencia militar y policial: Incrementar y consolidar la presencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en las zonas afectadas para garantizar la seguridad y protección de la población civil.
- Desminado humanitario: Realizar operaciones de desminado en las áreas contaminadas con minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados para asegurar la movilidad y las actividades diarias de la población.
- Protección a líderes y defensores de derechos humanos: Implementar medidas especiales de protección para los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos que están en riesgo por su labor.
- Atención integral a víctimas: Proveer asistencia integral a las víctimas del conflicto armado, incluyendo atención psicológica, médica, y asistencia social.
- Fortalecimiento de la justicia: Asegurar la presencia efectiva de la Fiscalía General de la Nación y el sistema judicial para investigar y sancionar los delitos cometidos por los grupos armados ilegales.
- Programas de prevención de reclutamiento forzado: Desarrollar e implementar programas específicos para prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados.
- Restablecimiento de servicios básicos: Garantizar el acceso a servicios básicos como salud, educación, agua potable y saneamiento en las comunidades afectadas.
- Promoción de proyectos productivos: Fomentar proyectos productivos y alternativas económicas lícitas para la población, reduciendo la dependencia de actividades ilícitas como el narcotráfico.
- Protección de infraestructuras comunitarias: Asegurar la protección de infraestructuras esenciales como escuelas, centros de salud y vías de comunicación.
- Atención a desplazados: Implementar medidas de atención y protección para las personas desplazadas por la violencia, asegurando su reubicación y reintegración social.
- Educación en derechos humanos: Promover programas educativos sobre derechos humanos y mecanismos de protección entre la población.
- Vigilancia ambiental: Implementar medidas para la protección del medio ambiente y la prevención de daños ecológicos causados por actividades ilícitas.
- Fortalecimiento de la participación comunitaria: Fomentar la participación activa de la comunidad en los procesos de toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas de seguridad y desarrollo.
- Mejoras en infraestructura de telecomunicaciones: Garantizar el acceso a telecomunicaciones y servicios de internet para facilitar la comunicación y alerta temprana en situaciones de emergencia.
- Programas de reconciliación y paz: Desarrollar e implementar programas de reconciliación y construcción de paz, promoviendo el diálogo y la convivencia pacífica.
- Asistencia humanitaria: Proveer asistencia humanitaria a las comunidades afectadas, incluyendo alimentos, medicamentos y refugio temporal.
- Fomento de la cultura de la legalidad: Promover una cultura de legalidad y respeto por las leyes, fortaleciendo la confianza en las instituciones.
- Coordinación interinstitucional: Mejorar la coordinación entre las diferentes entidades del Estado para una respuesta efectiva y coherente a la situación de violencia.
- Monitoreo y evaluación constante: Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación constante de las acciones implementadas para garantizar su efectividad y realizar ajustes necesarios.
- Prevención del narcotráfico: Implementar estrategias para prevenir y combatir el narcotráfico, abordando tanto la oferta como la demanda de drogas.
- Apoyo a mujeres y niños: Desarrollar programas específicos de apoyo y protección para mujeres y niños, quienes son particularmente vulnerables en contextos de conflicto armado.
- Promoción de la justicia transicional: Fomentar la implementación de mecanismos de justicia transicional para abordar los crímenes del pasado y promover la reparación a las víctimas.
- Difusión de información: Mantener informada a la población sobre las medidas y acciones que se están tomando, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades.
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