Durante el pasado año, la Defensoría de Pueblo registró 184 casos de reclutamiento forzado en Colombia. Las comunidades indígenas fueron las más afectadas en los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Arauca, Valle del Cauca y Caquetá.
El Botón de Registro de Casos de la Defensoría del Pueblo reveló que, del total de casos, 110 correspondieron a niños y adolescentes, mientras que 74 a niñas y adolescentes, con edades comprendidas entre los 9 y 17 años, siendo el grupo de 14 a 17 años el más afectado con 123 casos.
Según, un informe del organismo de derechos humanos, las facciones disidentes de las FARC fueron las responsables del 91.1% de los casos de reclutamiento, seguidas por la guerrilla del ELN (7%), otros grupos (1.3%) y grupos posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (0.6%).
La Defensoría del Pueblo advierte que las cifras pueden no reflejar la realidad debido a la falta de un sistema de información que garantice la confidencialidad de las víctimas y sus familias, lo que contribuiría a evitar represalias contra quienes denuncian.
Entre 2018 y 2023, la Defensoría emitió 299 Alertas Tempranas, 251 de las cuales advertían sobre el riesgo de reclutamiento de menores, concentrándose en departamentos como Chocó, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander.
Los principales riesgos detectados incluyen amenazas de muerte para ingresar y salir de los territorios, narcotráfico y distribución de sustancias psicoactivas, lo que genera incentivos para la vinculación de menores a los grupos armados.
La Defensoría del Pueblo recomienda al Gobierno Nacional la implementación de un protocolo de atención especializada para garantizar los derechos de los menores desvinculados de los grupos armados, con enfoque diferencial por grupo etario.
El llamado colectivo es a erradicar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia, y a fortalecer entornos protectores que les permitan no ser víctimas de violencia alguna.
La protección de la infancia y la adolescencia es una responsabilidad compartida por el Estado, la sociedad y las familias, y es fundamental para construir un futuro de paz y justicia en el país.
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