Procuradora dice que es inadmisible que un alcalde renuncie por amenazas de grupos ilegales

In Nacional
agosto 05, 2023

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, alzó su voz en preocupación tras la renuncia del alcalde de La Playa de Belén, Ider Alberto Álvarez, quien tomó la decisión debido a amenazas de grupos al margen de la ley en el municipio de Norte de Santander.

Cabello Blanco enfatizó que el caso del alcalde representa más que una renuncia individual, subrayando que “renuncia no es uno de miles: es el único de ese municipio”, por esa razón instó al Estado a garantizar seguridad y protección de autoridades locales en medio de la preocupante situación de orden público.

Durante su participación en la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, realizada en la ciudad de Cúcuta, la máxima representante del Ministerio Público alertó sobre el deterioro de la seguridad en el país, particularmente en áreas críticas que demandan un reforzamiento de sus medidas de protección.

En este contexto, hizo un llamado a que se tomen medidas efectivas para evitar que situaciones como estas socaven la democracia y el proceso electoral.

Los datos provistos por el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (Ci3E) de la Policía Nacional resaltan la crítica situación en 11 municipios, entre ellos Tibú y Cúcuta en Norte de Santander.

La Procuradora informó que su equipo de funcionarios territoriales está abordando estos casos con especial atención.

En sus declaraciones finales, Margarita Cabello Blanco hizo hincapié en cómo la violencia perpetrada por grupos armados ilegales en algunas áreas del país está afectando negativamente el orden público y la convivencia ciudadana.

Además, subrayó que esta situación, al coincidir con el período electoral, podría tener un impacto significativo en el derecho fundamental de los ciudadanos a participar, elegir y postular.

En este sentido, la Procuradora exhortó a fortalecer los esfuerzos para garantizar la seguridad y protección de las autoridades locales, y reafirmó la necesidad de preservar la integridad del proceso democrático en Colombia.