La Fiscalía General de la Nación anunció este sábado, a través de un comunicado de prensa, la condena de 50 años de prisión contra tres exintegrantes de la Policía Nacional por su participación en el secuestro, tortura y asesinato de un hombre.
Los hechos tuvieron lugar el 8 de enero de 2011, entre los municipios de Manizales y Palestina, en el departamento de Caldas. El documento no señala los detalles del por qué se cometió este terrible crimen.
Los condenados a 50 años de castigo son la teniente coronel Martha Emilia Gañán Rojas y el mayor Dillam Augusto Carrillo Cáceres, excomandantes del GAULA en Caldas y Risaralda, respectivamente.
Asimismo, el exsubintendente Jorge Iván Ladino Montoya, exjefe de logística del GAULA en Risaralda, fue sentenciado a 49 años de cárcel.
Según el informe, los exuniformados fueron declarados responsables de los delitos de secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado.
MULTAS Y CONSECUENCIAS
Además de las penas de prisión, el fallo impuso multas que oscilan entre los 18.000 y 19.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los condenados enfrentarán inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas. Especificó que cumplirán sus penas en establecimiento carcelario.
Según la investigación, el entonces capitán Cáceres Carrillo retuvo al hombre sin orden judicial en un restaurante de Manizales. La víctima fue golpeada y torturada, trasladada en diferentes vehículos y finalmente abandonada en un automotor incendiado. El cuerpo presentaba signos de tortura, mutilación y evidencias de al menos 26 choques eléctricos.
COMPLICIDAD Y ENCUBRIMIENTO
La exmayor Gañán Rojas, comandante del Gaula Caldas en ese momento, acudió al lugar de los hechos horas después en un vehículo oficial. Cambió las placas del automotor al percatarse de la similitud con el utilizado por los secuestradores.
Además, se constató que no ejerció sus competencias para esclarecer el crimen, dificultando las investigaciones. Se reveló también que sostuvo reuniones con el capitán Carrillo Cáceres antes y después del asesinato.
Los familiares denunciaron llamadas exigiendo 80 millones de pesos por la liberación de su ser querido. Este fallo de primera instancia permite la apelación por parte de los condenados, quienes podrán ejercer los recursos de ley.
Comparte esto: