En una presentación a la Mesa Directiva y a los Diputados de la región, Piedad Jiménez Montoya, Gerente del Proyecto Hospital de Alta Complejidad, compartió los logros y avances en el desarrollo de este proyecto que se considera uno de los más importantes en la región.
Desde febrero de este año, está mujer lideró la Gerencia del Proyecto Hospital de Alta Complejidad, cuyo objetivo es brindar atención médica de calidad a habitantes de Risaralda, Caldas, Quindío, Chocó, el norte del Valle y el norte del Tolima.
El proyecto tiene sus raíces en la visión del Gobernador Víctor Manuel Tamayo, quien buscaba dotar a la región con un hospital de alta complejidad. En julio de 2020, el Ministerio de Salud asignó cerca de 10.000 millones de pesos mediante la Resolución 1092 para llevar a cabo estudios de prefactibilidad y diseños necesarios para la construcción del hospital.
Un hito crucial en la historia del proyecto fue la obtención del Compes 4038 en 2021, que lo designó como un proyecto estratégico a nivel nacional. Esto garantiza una prioridad en la asignación de recursos por parte del Gobierno y del Ministerio de Salud, marcando un logro significativo en la dirección del hospital.
Con un presupuesto total de 600 mil millones de pesos comprometidos, el proyecto se asegura una financiación sólida. Se planificó la transferencia de 200.000 millones en 2022, 200.000 millones en 2023 y 200.000 millones en 2024, garantizando la continuidad de la obra.
La ejecución avanzó en dos etapas. La primera incluyó estudios de prefactibilidad y cinco más, como el socioepidemiológico, el de la red de prestación de servicios, el modelo financiero, los jurídicos y el Plan Estratégico. La Etapa 2 avanzó con aprobación de la localización del proyecto y el Programa Médico arquitectónico.
La Gerente destacó la importancia de los contratos de consultoría y asistencia técnica con el consorcio Hospitales del Eje Cafetero, que se adjudicaron en septiembre de 2021. A pesar de una suspensión temporal entre agosto y octubre de 2022, se logró reanudar los contratos y cumplir con las metas establecidas.
La presentación de los estudios y diseños al Ministerio de Salud, la solicitud de la licencia de construcción y la versatilidad de las áreas del hospital, incluyendo un helipuerto, son algunos de los logros recientes. La capacidad del hospital incluirá 330 camas y servicios especializados, como UCI pediátrica, UCI para adultos y unidades de quemados.
El Proyecto Hospital de Alta Complejidad es una realidad en marcha que está destinado a transformar la atención médica en la región. La determinación de Piedad Jiménez Montoya y su equipo refleja un compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad local. La región anticipa con entusiasmo los beneficios que este centro de salud aportará a sus habitantes.
“Además, es fundamental destacar que la diferencia de tiempo entre utilizar una ambulancia para trasladar a pacientes desde lugares distantes, como Anserma, Río Sucio o Apia, hasta nuestro hospital y emplear un helicóptero es significativa. En ambulancia, el trayecto de ida y vuelta puede llevar cuatro o cinco horas, lo cual podría ser crítico para pacientes en estado grave. Por otro lado, con un helicóptero, podemos tener al paciente aquí en tan solo 20 minutos, lo que marca una diferencia vital para salvar vidas”, dijo la Gerente.
En cuanto al edificio contiguo al de consulta externa, que actualmente está en construcción, tiene una superficie de 8,900 metros cuadrados y consta de tres pisos, incluyendo un sótano, el primer nivel que albergará 42 consultorios de diversas disciplinas y el segundo destinado a funciones administrativas.
CIERRE ADMINISTRATIVO
En la actualidad, el costo total del proyecto asciende a 692,000 millones de pesos, superando el valor estimado inicial de 599,000 millones. La justificación para este aumento presupuestal proviene de dos fuentes. En primer lugar, se espera que la Gobernación Departamental presente próximamente una propuesta de extensión de estampillas para financiar proyectos relacionados con el hospital.
En segundo lugar, se considera una inversión de 20 mil millones de pesos proveniente de recursos propios del departamento. Además, la Universidad Tecnológica está comprometida en aportar un total de 44,330 millones de pesos para el equipamiento del edificio de servicios.
En cuanto a la infraestructura, el edificio de consulta externa, junto con su dotación, tendrá un costo de 52,395 millones de pesos. El edificio de alta complejidad requerirá una inversión de 525,000 millones, mientras que el edificio de terapias se estima en 23,217 millones. Además, se debe considerar aproximadamente 28,000 millones de pesos para el urbanismo interno y 18,000 millones más para asumir gastos relacionados con licencias, trámites y permisos, lo que suma el total de 692,000 millones.
Es importante tener en cuenta que el proyecto se ubica en una zona de expansión, lo que conlleva ciertas cargas generales compartidas por los propietarios de los predios circundantes. La responsabilidad incluye la construcción de algunas vías y servicios públicos externos, que no están contemplados dentro del Compex. Por ejemplo, el próximo año, el departamento deberá encargarse de la Avenida Santa Bárbara, que servirá como acceso de bienvenida a Cerritos.
Esta obra se valora actualmente en cerca de 8,200 millones de pesos. Además, hay consideraciones en el presupuesto de 2024 relacionadas con las redes de servicios públicos externos y una cuota de bombeo de unos 2,800 millones.
Finalmente, se espera que el proyecto se complete en plazos definidos por el consultor de estudios y diseños, siendo el edificio de alta complejidad el que actualmente establece la ruta crítica del proyecto con un período de construcción estimado en 48 meses. En resumen, el financiamiento del proyecto asciende a 692,000 millones de pesos, con contribuciones significativas de la Universidad Tecnológica y acuerdos en proceso con la Gobernación.
“Además, es importante informar que se han llevado a cabo diversas audiencias relacionadas con el proceso de incumplimiento y la respuesta a la acción popular. Estas instancias judiciales han sido esenciales para aclarar los puntos de disputa y defender la posición del departamento”, agregó Piedad Jiménez Montoya.
EJECUCIÓN
El convenio 10:14, que abarca los contratos de construcción e interventoría para el edificio de consulta externa administrativa garantiza que estos contratos representen una ejecución de recursos por parte del departamento, que asciende a 48.956 millones de pesos, correspondientes a los fondos transferidos en 2022.
A pesar de los desafíos encontrados, como los hallazgos arqueológicos en el sitio de construcción, la obra nunca ha estado parada. La construcción ha avanzado significativamente, alcanzando un avance del 9.36% hasta la fecha, equivalente a 4.306 millones de pesos, con solo tres días de retraso en el cronograma, lo cual “es insignificante para un proyecto de esta envergadura”, aclaró la Gerente.
Para hacer frente a estas dificultades, se diseñaron planes de acción en colaboración con el cónsul, el constructor y el interventor, permitiendo que la obra continúe su ejecución de manera eficiente.
SOLICITUDES DEL MINISTERIO ft
Hay tres argumentos fundamentales que han motivado estas acciones legales. En primer lugar, el Ministerio señaló la ausencia de estudios y diseños para las etapas dos y tres del proyecto. Es este sentido, la encargada señaló que estos estudios se han presentado en más de cinco ocasiones, siendo la última versión en octubre de 2023. Los estudios están aprobados en su gran mayoría, con algunos ajustes menores que se han subsanado en dicha entrega.
El segundo argumento se refiere al incumplimiento en la ejecución de las transferencias de 2022 y 2023. El Ministerio solicita el reintegro de aproximadamente 150.000 millones de pesos, alegando que estos fondos deberían haber sido transferidos nuevamente al Tesoro Nacional para su posterior utilización por parte del departamento. Sin embargo, la administración local ha demostrado que ha administrado los recursos de manera eficiente y ha generado rendimientos financieros que respaldan su manejo de los fondos.
El tercer argumento se centra en la falta de presentación del Plan Operativo detallado, el cronograma del proyecto y el Plan Financiero. El departamento ha presentado estos documentos en múltiples ocasiones, incluyendo una presentación el 11 de mayo que el Ministerio detuvo, solicitando que se presentaran cuando se tuvieran los estudios en su versión final. Esto ha sido una consecuencia del alargamiento, lo que se debió a la firma del convenio 10:14 bajo la condición de estudios de prefactibilidad finalizados.
LA CONCLUSIÓN
En resumen, el departamento ha enfrentado diversas instancias legales y ha defendido su posición de manera fundamentada en todas ellas. La construcción del proyecto avanza a pesar de los desafíos y las solicitudes del Ministerio están siendo analizadas cuidadosamente y contestadas de manera rigurosa.
La ejecución del proyecto continúa, y se espera que las próximas etapas estén listas para licitación en el primer semestre de 2024. A pesar de los retos, la administración mantiene su compromiso con la realización exitosa de este importante complejo hospitalario.”
“Es importante destacar que la causa raíz por la cual el departamento no podía respaldar el certificado de la ejecución de al menos el 60 por ciento del valor desembolsado para la vigencia 2022 en el momento de la firma del convenio se debió a que, en ese momento, los estudios necesarios para definir con certeza esas condiciones aún estaban en desarrollo. Esta situación era conocida tanto por el Ministerio como por el Departamento”, explicó Jiménez.
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