El compromiso de contribuir a la justicia restaurativa y a la estabilización de los acuerdos de paz se debate entre si las víctimas podrán ser indemnizadas totalmente y si el proceso podrá dar a conocer la verdad absoluta de quienes cometieron crímenes en el marco del conflicto armado en Colombia.
Roberto Carlos Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dijo recientemente que no puede ignorarse la creciente frustración de las víctimas que esperan reparaciones monetarias e indemnizaciones que, según, ascienden a 30 billones de pesos.
Durante un evento realizado en Pereira, Vidal señaló que no se le debe engañar a las víctimas diciendo que con proyectos se les va a reparar. A su juicio, eso no reemplaza la obligación que tiene el Estado a través de la Unidad de Víctimas y de los otros jueces en la justicia ordinaria, de hacer reparaciones monetarias.
Sin embargo, aclaró que la JEP no está en condiciones ni tiene la competencia para pagar sumas que podrían superar los 30 billones de pesos. “Sabemos que tenemos 9 millones de víctimas, solo Justicia y Paz ha producido sentencias condenatorias al Estado por indemnizaciones y daños específicos”.
Según Vidal, hace unos meses el Gobierno Nacional habló sobre la imposibilidad de cumplir las sentencias y el pago de indemnizaciones. “Eso es lo que nosotros no queremos que pase con la JEP. No queremos hacer promesas que no se puedan cumplir”.
Agregó que los paramilitares han sido juzgados por la justicia transicional, por la justicia ordinaria, justicia y paz, los tribunales y la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la JEP ya ha recibido solicitudes de las víctimas para incluir a estas personas y que de esa manera la verdad no quede incompleta.
La Jurisdicción Especial para la Paz abrió un espacio para vincular a las investigaciones a antiguos jefes paramilitares que, durante el conflicto, actuaron como si fueran miembros de la fuerza pública. “Eso es lo que se ha llamado bisagra y es lo que se está investigando en nuestra sala definiciones jurídicas”.
Agregó que se estudia el caso de Salvatore Mancuso, quien ya compareció ante la JEP, y el de alias Macaco, para tratar de demostrar que “puede hacer aportes y que podría ofrecer información adicional que las víctimas están reclamando”, agregó.
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